Aunque se ha cargado sobre el Ejecutivo estatal todo el peso
de las múltiples derrotas legales del gobierno de Veracruz en la Suprema Corte de Justicia, lo
cierto es que el Poder Legislativo, el Congreso local, tiene aún mayor
responsabilidad por haber actuado como “brazo ejecutor” de las ocurrencias que
terminaron en ridículos rotundos.
El más reciente de éstos, la declaración de inconstitucionalidad
de las leyes anticorrupción con las que el todavía gobernador Javier Duarte de
Ochoa buscaba blindarse de la acción de la justicia, representó, además de lo
anterior, un previsible golpe político propinado por el propio Gobierno de la
República que ya provocó que se alcen voces pidiendo castigar a los diputados
de la LXIII Legislatura.
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz,
Concepción Flores Saviaga, consideró que la próxima administración estatal
podría iniciar un proceso para fincarles responsabilidades a los legisladores
que aprobaron éstas y otras reformas que van hacia el mismo destino, como la
basificación masiva de la burocracia y el pago de deudas con los recursos del
impuesto a la nómina, ya que “no se están protegiendo los intereses sociales”.
Y no le falta razón. La mayoría de los diputados locales
salientes han faltado a su compromiso y deber de velar por los intereses del
estado de Veracruz para, en su lugar, servir como “paleros” de un régimen
marcado por la corrupción y por torcer las leyes en su particular beneficio.
Uno de los “logros” de la LXIII Legislatura fue reducir a
dos años el próximo periodo de gobierno estatal, con la intención manifiesta de
que fuera un integrante del actual y derrotado grupo gobernante el que
accediera al poder en las pasadas elecciones, a sabiendas del enorme costo
social, político y financiero que ello acarreará para Veracruz, mismo que no
les importó en absoluto.
También le aprobaron todas las cuentas públicas a la
administración de Javier Duarte, sin objetarles nada, a pesar de las claras
señales de que las finanzas públicas iban en picada y de que no había la más
mínima obra a cargo del estado en todo el territorio veracruzano. El saqueo
tuvo que ser evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación.
Por otra parte, la Legislatura local también ha incurrido en
omisiones que igual le podrían llevar a los tribunales, como el no haber pedido
al Ejecutivo la promulgación y publicación de la ya aprobada reforma al
artículo 33 de la Constitución del Estado, que establece que el gobernador
electo debe presentar el Plan Veracruzano de Desarrollo cuatro meses después de
haber recibido su constancia de mayoría, para lo cual la administración
saliente tendría que haberle entregado toda la información que solicite, lo
cual, evidentemente, no ha sucedido.
El triste y servil papel de oficialía de partes del
Ejecutivo que jugó la mayoría de los diputados a la LXIII Legislatura del
Estado también mereció el repudio de los ciudadanos veracruzanos, que en las
pasadas elecciones votaron por una integración plural del Congreso del Estado
para el siguiente bienio.
El juicio social a su actuación es inobjetable, aunque poco
les importe. Pero aún podrían no librarse del juicio político y hasta penal por
su enorme irresponsabilidad.
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jueves, 8 de septiembre de 2016