La noche le ha
caído finalmente al gobernador Javier Duarte de Ochoa y a su círculo cercano.
Luego de meses de
escarceos, bravuconadas y batallas que no pasaban del ámbito mediático, por
primera vez la Procuraduría General de la República (PGR) informó de manera
pública que investiga a Duarte de Ochoa y a otros miembros de su administración
por delitos del fuero federal.
El subprocurador
especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, José Guadalupe
Medina Romero, anunció la tarde de este miércoles el ejercicio de la facultad
de atracción de las carpetas de investigación FESP/013/2016/1-04 y
FESP/216/2016/14-07, que obraban en la Fiscalía General del Estado, por los
delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal,
ya que tienen conexión con las indagatorias federales abiertas tras la difusión
de los contratos del gobierno estatal con empresas “fantasma”.
Además de Javier
Duarte, el funcionario federal mencionó que en los expedientes se incluye al
flamante diputado local electo por San Andrés Tuxtla, Vicente Benítez González,
uno de los principales operadores de las maniobras financieras del duartismo
que hoy los tienen en la picota.
Pero no solamente
ellos están bajo proceso judicial. Según lo que dio a conocer el periodista
Carlos Loret de Mola en sus espacios noticiosos de radio y TV, y que fue
confirmado por el propio Javier Duarte, también está en calidad de inculpado
ante la PGR el director de Catastro del Estado, Domingo Yorio Saqui. Según el
aún mandatario, por filtrar información a los medios sobre los bienes del
gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Aunque sobre Yorio también pesan
acusaciones por haber falseado información al Ministerio Público federal sobre
el patrimonio de Duarte de Ochoa y sus familiares.
El subprocurador
federal añadió que varios integrantes más del gobierno de Javier Duarte serán
citados a comparecer en los próximos días para continuar con las indagatorias.
Se espera que las denuncias y diligencias alcancen al menos a una decena de
duartistas.
Como lo hemos
mencionado en ocasiones anteriores, si alguna instancia tiene los alcances para
proceder en contra de los saqueadores del estado de Veracruz, ésta es la
federal, en este caso, la PGR. Más aún, tratándose de un gobernador del mismo
partido que el del Presidente de la República, a quien le urge legitimarse de
alguna manera y alejar de sí los reflectores de la crítica por la crisis
financiera del país y sus yerros en política exterior e interior.
De los tres
gobernadores colocados en el “paredón” tras la derrota priista de las
elecciones del 5 de junio, Javier Duarte de Ochoa es quien más irregularidades
arrastra y por tanto, el candidato más viable al “fusilamiento”, máxime que a
las corruptelas descaradas que desde hace años se han denunciado hay que sumar
la grave descomposición de la seguridad en el estado, que sin duda también le
pega a la imagen del priismo nacional.
Lo que sea que
Enrique Peña Nieto le debiera a Javier Duarte desde la campaña presidencial de
2012, parece haber quedado atrás. Y el mandatario veracruzano al fin se habría
dado cuenta, pues tras el anuncio de la PGR de la tarde de este miércoles,
enmudeció.
Ni en Twitter se
atrevió a responder ante lo que pareciera, sólo pareciera, el principio del
fin.
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jueves, 22 de septiembre de 2016